La asociación recientemente creada representa alrededor de 1,000 productores e inversores de energía solar ha recibido la petición de la Agencia Europea de Energía, a través de Mr. Van-Steen, de denunciar este hecho y presentar una queja formal. ANPER (Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Renovable)rechaza absolutamente la retroactividad en el recorte del 30% de la tarifa recientemente anunciada por el Secretario de Estado para la Energía.

  Bajo la regulación del RD 661/07 se han construido en España alrededor de 3.200 MW de potencia solar fotovoltaica repartidas en unas 50.000 instalaciones por todo el territorio. Todas ellas tienen una retribución perfectamente definida por Ley con actualizaciones anuales predecibles en base al IPC durante toda la vida de la instalación (40 años).

El gobierno está planeando recortar un 30% la tarifa aplicable según el RD 661/07 para todas las plantas instaladas antes de septiembre de 2008. La medida propuesta significaría de hecho una expropiación sin indemnización a los propietarios, que han invertido en una industria que tiene un período de amortización de 20 años de generación.

ANPER y todos sus representados rechazan cualquier cambio con efecto retroactive por las siguientes razones:
La retroactividad de la tarifa no tiene cabida dentro de la ley 54/1997 que regula el sector eléctrico, porque la rentabilidad razonable del inversor sigue siendo hoy la misma que el día que realizó la inversión y es inferior al 8% del capital invertido.
Llevaría a la ruina a 50.000 productores que han invertido sus ahorros confiados en la seguridad jurídica que hasta ahora proporcionaba un RD promulgado por el gobierno de España.

Afectaría muy negativamente a la valoración riesgo país con el consiguiente aumento del coste de la deuda soberana y la pérdida de recursos de inversión para apoyar una recuperación del país.
El inversor, que ha contribuido a la implantación de fotovoltaica en España, no puede ni debe pagar las culpas de la mala regulación y falta de planificación del Ministerio de Industria.
 Además habremos perdido la gran oportunidad de subirnos al carro de las energías alternativas, un pequeño segmento donde somos líderes mundiales.

 Las cifras estimadas por ANPER hablan por si mismas. La propuesta de recorte del 30% a la tarifa definida en el RD anteriormente mencionado implicaría:

a) 60 mil parados más, que cobrarían el subsidio de paro (360 millones/año). Sin contar con los impuestos que dejarían de pagar las empresas del sector.
b) 15.000 mil millones de deudas en "project finance" con los que tendría que lidiar la banca internacional, harían aumentar el riesgo país en al menos 60 puntos básicos (al menos 4.000 millones de euros), más al menos la mitad de los 10.000 millones prestados por cajas y bancos serían insolvencias de las cuales, al menos un 20% definitivas (1.000 millones).
c) El coste de las indemnizaciones por las cantidades expropiadas y sus intereses superarán con creces el ahorro pretendido por el gobierno.